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5 organizaciones informan a ONU de que España no apuesta por los medios comunitarios

“España debe adoptar todos los instrumentos legales y administrativos que permitan la adjudicación de licencias y el funcionamiento de los medios comunitarios sin ánimo de lucro”, asegura el informe conjunto presentados por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ACESS Info Europe, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Grupo de Estudios  de Política Criminal y Grupo de Investigación Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano Digital en relación al Examen Periódico Universal a España.

El EPU es un proceso en el que se evalúa la situación de los derechos humanos en un determinado país y el cumplimiento de los compromisos asumidos en revisiones previas. España fue examinada en 2015 en relación al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por España.

En el informe se recogen los efectos de las llamadas Leyes Mordaza (como las sentencias contra tuiteros o artistas por enaltecimiento del terrorismo), la interpretación expansivade los delitos de odio o las multas a periodistas por la Ley de Seguridad Ciudadana.

Sobre los medios comunitarios

El punto 38 del informe indica que España tiene importantes aspectos que mejorar en lo que se refiere a la garantía de un sistema de comunicación plural y abierto.

“La existencia de medios comunitarios sin ánimo de lucro, junto a los medios de servicio público y los de carácter comercial, es una exigencia que se deriva de los estándares internacionales. La Declaración Conjunta de los Relatores en materia de libertad de expresión de las diversas organizaciones internacionales de 2 de mayo de 2018 incluye un llamamiento a los Estados a “asegurar que los medios comunitarios tengan un espacio para operar en todas las plataformas de distribución y cuenten con recursos adecuados”.

En el punto 39 se detalla qué se incumple de la legislación audiovisual en España.

“El artículo 32 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual de España31, obliga a las autoridades competentes a “garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”, asi como a adoptar las medidas reglamentarias necesarias que permitan la efectiva presencia y desarrollo de sus actividades, por parte de dichos medios, en el plazo un año desde la aprobación de la ley (es decir, en 2012). A fecha de hoy no se ha llevado a cabo ninguna actuación en este terreno y por consiguiente no existe marco legal ni administrativo que permita la existencia efectiva de medios comunitarios en el sistema español”.

Son muchas las recomendaciones internacionales que España incumple o desoye. Además, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas investiga la discriminación a los medios comunitarios que la ReMC ha denunciado por parte del Gobierno al imposibilitar el acceso a licencias que la legislación prevé, entre otros aspectos.

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Source: Medios Comunitarios

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