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Calviño y los partidos no hablan de 8 años de vulneración legal

Es preocupante. El Gobierno lleva 8 años incumpliendo legislación básica del Estado en materia de medios comunitarios y ni la Ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ni los grupos parlamentarios han dicho una sola palabra sobre ello en su primera comparecencia en la comisión sobre Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso.

Calviño, esta semana, en su comparecencia.

El pasado jueves, Día Mundial de la Radio, la ministra expuso durante 3 horas los principales ejes de su departamento, que incluye la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en la que se enmarca la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La economía se llevó la mayoría del tiempo. En lo poco dedicado a la macedonia de nuevas tecnologías y ordenación de medios de comunicación que emiten por ondas, Calviño pasó de puntillas por la trasposición de directivas europeas, sin detallar cómo alterará a las leyes de Telecomunicaciones ni de la Comunicación Audiovisual, sobre la que se ha hecho una consulta pública en 2019.

Ninguna alusión al reglamento de medios de comunicación comunitarios, a la planificación de frecuencias y a la especificidad de radio y TV que emiten antes de 2009, es decir, a todo lo que está pendiente de desarrollar y aplicar en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). Ni a las medidas de fomento que hay en otros países europeos, que es de lo que se debería estar dialogando a estas alturas.

La comisión de Asuntos Económicos y Avance Digital, reunida el 13 de febrero

¿Y los partidos?

Pero más inquietante es que ninguno de los representantes de los 10 grupos parlamentarios hizo alusión al tema, a pesar de que el Gobierno incumple la LGCA desde 2011, de que los juzgados están dando la razón a los medios comunitarios, de que el Consejo de Estado saca los colores al Ejecutivo por su innacción, de que en 2017 se aprobó una proposición no de ley al respecto con los apoyos de quienes hoy gobiernan o sustentan al Ejecutivo, y de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga a España por discriminar a los medios comunitarios en la planificación de frecuencias, lo que puede conllevar sanciones económicas.

Por mucho menos, cualquier grupo político en cualquier otro asunto habría quemado las naves. Quizás sus señorías necesiten que otro Relator de Naciones Unidas nos visite para sacarnos los colores también en materia de libertad de expresión. Mientras tanto, la PDLI ha incluido este asunto como uno de los retos de la libertad de expresión en España.

Calviño anunció que, en el ramo comunicacional de sus competencias, su departamento tiene entre sus objetivos “mejorar la gobernanza digital y el diálogo sobre las TIC” creando un consejo con participación de la sociedad civil. Se queda corta, ya que no se puede mejorar la gobernanza en su Ministerio sin resolver de forma digna el ejercicio de la comunicación por parte de los movimientos sociales y el derecho de la ciudadanía a recibirla que se consagra en el artículo 4 de la LGCA.

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Source: Medios Comunitarios

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