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El Consejo de Estado tira de las orejas al Gobierno por discriminar a los medios comunitarios

“El cumplimiento del mandato legal resulta particularmente anómalo y carece de justificación”, asegura el Consejo de Estado al respecto del infradesarrollo normativo  en materia de medios de comunicación comunitarios del que responsabiliza al Gobierno. Así lo afirma en su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo Dividendo Digital. Es la tercera vez que el Consejo de Estado critica la acción gubernamental en medios sin ánimo de lucro.

Este nuevo dividendo asignará para la telefonía móvil de nueva generación parte de las frecuencias que hoy se usan en las señales de TDT. “El Consejo de Estado considera necesario llamar la atención -en línea con los informes de la Secretaría General Técnica del ministerio proponente y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa- sobre la necesidad de que el Gobierno aborde cuanto antes el desarrollo normativo de los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro regulados en el artículo 32 de la Ley General de Comunicación Audiovisual”.

La disposición transitoria decimocuarta de la misma ley prevé que “tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley”.

La anomalía que señala el Consejo de Estado se basa en que la Ley Audiovisual entró en vigor el 3 de mayo de 2010 y en que el desarrollo reglamentario de los medios comunitarios “es una reclamación constante del sector“.

El Consejo de Estado no toma en consideración la petición de la ReMC de que se aproveche este nuevo reparto de frecuencias para planificar espacios en los que puedan emitir las TV comunitarias: “se trata de una cuestión ajena al expediente normativo sometido a consulta que habrá de ser valorada de forma independiente por la autoridad consultante”.

Y ya van 3 tirones de oreja

El dictamen que el Consejo de Estado emitió en 2014 previamente a la aprobación del Plan Técnico de Televisión Digital Terrestre señalaba que la distribución del espectro radioeléctrico “debe ser compatible con la obligación de garantizar aquel que necesiten los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, establecida en el artículo 32 de la Ley 7/2010“.

En 2009, el Consejo de Estado emitió un dictamen sobre el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual en el que criticaba los límites de financiación impuestos a los medios comunitarios:  “A la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de septiembre de 2008 sobre el tercer sector de la comunicación, que propugna la adopción de medidas de fomento y financiación de los referidos servicios, quizá sería conveniente la reconsideración del límite económico de 100.000 euros o la desaparición (o atenuación) de la prohibición de emitir determinadas comunicaciones audiovisuales comerciales como el patrocinio (admitido en la regulación vigente y que puede ser expresión no de objetivos comerciales sino, como prevé la disposición final quinta.19, de la responsabilidad social de las empresas)”.

Ninguna de las llamadas de atención del Consejo de Estado han surtido efecto: las limitaciones de financiación se impusieron en la ley y el desarrollo normativo previsto no se ha realizado. Este órgano tiene carácter consultivo y está compuesto por el fiscal general del Estado, exvicepresidentes, catedráticos y juristas, entre otros profesionales.

analizar

La ONU sigue analizando el caso español

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sigue analizando las actuaciones de España por la discriminación en el acceso a frecuencias a los medios comunitarios, la violación del artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como por la ausencia de “recurso efectivo para poder reivindicar nuestros derechos y por vulnerar el principio de igualdad”, explica el vocal de Derecho a Comunicar de la ReMC, Javier García.

“Hemos podido afrontar este proceso internacional gracias al apoyo de la asociación holandesa Free Press Unlimited y de la británica MDLI“, subraya el presidente de la ReMC, Mariano Fernández.

La ReMC presentó la denuncia en 2017 después de que el Tribunal Supremo condenase a costas a esta entidad por recurrir el real decreto de TDT. La Abogacía del Estado ha expuesto sus alegaciones ante el Comité calificando de “frívolos” los argumentos expuestos por la ReMC, como el hecho de que el Tribunal Constitucional pudiera condenar a esta organización por mala fe, temeridad o por presentar un recurso manifiestamente infundado.

Sin embargo, es obvio que tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 2007 se ha dificultado la presentación de recursos ante este tribunal. No contar con abogados muy especializados conlleva un alto riesgo de sanción de entre 600 y 3.000 euros, además de la inadmisión, tal como indica el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La ReMC ha contestado en junio al abogado del Estado con un escrito de 80 páginas y espera que Naciones Unidas emita un dictamen en los próximos meses. Las reparaciones a las que que España podría hacer frente son:

  • Planificar  frecuencias y garantizar dominio público radioeléctrico para servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro radiofónicos y televisivos, así como medidas de fomento de este sector en 6 meses.
  • Revisar la normativa de adjudicación y renovación de licencias y crear un organismo audiovisual independiente e imparcial para evitar repeticiones de estas vulneraciones de derechos.
  • 19.000 euros en indemnizaciones por los daños y gastos judiciales.

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Source: Medios Comunitarios

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