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Claroscuros en la reforma de la Ley Audiovisual Catalana

La reforma de la Ley Audiovisual Catalana sigue su curso, lento. Sobre medios comunitarios, el informe de retorno emitido por la Dirección General de Medios de Comunicación contiene claroscuros. Se recoge buena parte de lo previsto en el non nato decreto de medios sin ánimo de lucro, como las medidas de fomento, pero se relegan a la autorregulación aspectos como impedir el proselitismo y el dogmatismo. Y se lava las manos sobre la regulación específica de las radios no lucrativas anteriores a 2009, desconociendo el reconocimiento de garantía temporal de emisión conseguido mediante sentencia judicial.

Durante el proceso de consulta pública para la modificación de la Ley, la Generalitat ha recibido 30 propuestas, siendo 13 de la ReMC. La Dirección General de Medios de Comunicación agrupa las propuestas en 6 categorías: mejora de la protección de la audiencia, alfabetización mediática, servicios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro, mecanismos de control, inspección y sanción, y otras propuestas. 

Todavía queda por elaborar un anteproyecto de reforma de la Ley, pasar por los órganos consultivos e iniciar el trámite parlamentario. Un largo camino salpicado por la incertidumbre sobre la gobernabilidad de Cataluña.

Medios comunitarios sin ánimo de lucro

Sobre los servicios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro, las propuestas ciudadanas y de organizaciones sectoriales abordan la necesidad de definir el ámbito de estos medios “evitando prácticas de cooptación por entidades privadas”, la garantía del acceso al espectro radioeléctrico, la regularización de las llamadas “emisoras históricas”, la creación de un órgano participativo que haga posible la interlocución entre la Administración y el sector y el establecimiento de medidas específicas de fomento.

Estas propuestas, que no son solo de la ReMC, animan a recoger en la futura ley las aportaciones del proyecto de decreto de los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro. También se propone que la Administración medie entre servicios de comunicación audiovisual comunitaria y las entidades de gestión de derechos, así como que se utilicen las televisiones del Tercer Sector como entidades de formación audiovisual. 

Por su parte, es llamativo que la Asociación Catalana de Radio propone que el papel de este tipo de emisoras “sea asumido” por la radiodifusión pública. Sobre esto la Generalitat manifiesta que la legislación catalana, estatal y ámbitos como Naciones Unidas, Unión Europea , UNESCO y otros organismos internacionales, diferencian a los medios comunitarios de los públicos y los comerciales, por lo que “no se puede confundir su papel con el que corresponde a la radiodifusión pública”. Un informe jurídico de la Generalitat ya ha advertido que la regulación de los medios comunitarios es beneficiosa para la radio comercial.

El informe de la Dirección General de Medios considera necesario establecer medidas de fomento. Apuesta por incluir en la reforma de la ley “el reconocimiento de los derechos de las emisoras históricas anteriores a 2009”, aunque lo supedita al eternamente demorado cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual por parte del Gobierno de España cuando sostiene que se procederá “a la facilitación, en lo posible, del acceso al espacio radioeléctrico, teniendo en cuenta las disponibilidades ofrecidas por la Administración General del Estado”.

¿Qué sí se incluirá en la nueva Ley Audiovisual Catalana sobre medios comunitarios?

  • El proyecto de Ley tendrá en cuenta los proyectos de decreto de los medios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro de 2010 y 2017.
  • Al igual que se recoge en la Ley Audiovisual de Andalucía, el informe reconoce que las medidas de apoyo económico deben completarse con otras de tipo colaborativo entre diferentes operadores, especialmente entre los públicos y los comunitarios. Compartir recursos formativos, equipamiento y la cesión de instalaciones de emisión pueden ser aspectos clave para el desarrollo del sector comunitario sin ánimo de lucro.
  • Medidas eficaces de fomento similares a las de otros países de la Unión Europea. Este apoyo financiero de la Administración debería ser tanto estructural como específico para programas que visualicen determinados colectivos (capacidades diversas, géneros discriminados, migrantes…) generalmente ausentes en el resto de medios. “En todo caso, la concreción de las medidas se hará caso por caso, a través de las convocatorias correspondientes”, señala la Dirección General.
  • Se apuesta por incentivar códigos de conducta elaborados por las radios y TV comunitarias que garanticen una gestión participativa y evite el proselitismo religioso o partidista en estos medios.
  • El órgano de participación ciudadana audiovisual se podrá pronunciar sobre pliegos de licencias y convocatorias de subvenciones.
  • Reducir cargas administrativas y establecer exenciones de cánones para las entidades no lucrativas mediante la autorregulación, la corregulación y la simplificación de trámites.

¿Qué se ha denegado sobre medios comunitarios?

Diferentes organismos y particulares han hecho propuestas sobre medios comunitarios. Estas son las que se han descartado en esta fase por parte de la Generalitat.

  • Realizar un encuentro con los medios comunitarios históricos antes de abordar su regulación. La Generalitat propone incorporarlos con la representación de todos los sectores en un órgano de participación específico.
  • Garantizar un porcentaje de espectro radioeléctrico para emisoras comunitarias y acceso preferente a licencias en las localidades donde ya haya prestadores comerciales y públicos. Se considera fuera del ámbito de la ley catalana.
  • Que la Generalitat medie ante las entidades de gestión de derechos en el caso de los medios del Tercer Sector. Se considera fuera del ámbito de la ley catalana.
  • Que la Generalitat potencie el aspecto formativo de las TV comunitarias propiciando que estudiantes de instituto se incorporen a estos medios. La Dirección General considera “interesante” la idea, pero señala que la modificación de esta ley no es el ámbito donde darle curso.
  • Crear una partida económica para la transición de la emisión analógica a la digital y propiciar donaciones de material desde los medios públicos a los comunitarios. Se considera “interesante”, pero la Dirección General lo ve como algo ajeno a la modificación de la Ley Audiovisual Catalana. Propone estudiar su inclusión en los contratos programa de los medios públicos.

Otros temas

Como ya pasó en la tramitación de la Ley Audiovisual de Andalucía, los medios comunitarios se han preocupado ahora también de otros aspectos relacionados con la democratización de la comunicación. Aquí recogemos algunos que han sido propuestos por la ReMC o por otras organizaciones.

En cuanto a los medios públicos, se descarta la prohibición de la publicidad y se subraya que los municipales no pueden externalizarse, aunque se abre la puerta a estudiar las condiciones para que los municipios contraten la prestación de estos servicios con terceros.

La propuesta de profundizar en el derecho de acceso de los grupos sociales para realizar sus propios contenidos en los medios públicos catalanes, determinando cómo deben ser los reglamentos internos de los prestadores que  regulen este derecho, en qué plazos y qué se entiende por organización representativa o significativa para acceder a este derecho ha sido desestimada. La Dirección General de medios “no ve claro qué se propone” y plantea que se aborde en otra ley catalana, la de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Algunos ejemplos que pueden clarificar una mejor regulación del derecho de acceso son lo dispuesto en los artículos 11, 31, 37, 74.c, disposición transitoria primera y disposición final primera y quinta de la Ley Audiovisual de Andalucía.

“La necesidad de impulsar la alfabetización o educación mediática de la sociedad ha sido una de las principales conclusiones a las que se puede llegar a partir de las diferentes aportaciones presentadas a la consulta previa”, recoge el informe de la Generalitat. La Dirección General de Medios de Comunicación califica de “discreto” lo establecido actualmente en la ley catalana en esta materia y apuesta por desarrollarla con políticas públicas “tanto en el sistema educativo como de cara a toda la sociedad”.

Las propuestas ciudadanas plantean la obligación de emitir mensajes de alfabetización de forma continuada y que todos los niveles educativos (FP y educación de personas adultas incluida) incorporen temario que capacite a la ciudadanía para recibir críticamente los contenidos de los medios y para producir mensajes de forma básica. “Esta medida se adoptaría con sujeción a las normas que rigen la modificación de los planes educativos”, según la Generalitat.

Sobre la actividad audiovisual sin título habilitante, se incrementará y perfeccionarán los medios de la policía administrativa, descartando reformas penales o limitaciones en virtud de quien realice el ejercicio profesional, ya que que exceden las competencias de la Generalitat.

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Source: Medios Comunitarios

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