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El PSOE y Podemos han excluido a la escuela concertada del plan de recuperación del coronavirus.

En el borrador de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, cuyas enmiendas se votarán este miércoles en el Congreso, se pone por primera vez por escrito lo que llevan semanas temiéndose los representantes de este modelo de enseñanza donde estudia el 25% del alumnado: les han dejado fuera de las ayudas y, según ellos, en clara situación de desventaja para afrontar los problemas de la era post Covid. Toda una declaración de guerra que se cuela en un documento inicialmente diseñado para buscar el mayor acuerdo posible entre los partidos y que ahora abre un nuevo frente en defensa de los conciertos en el que ya no están sólo PP, Ciudadanos y Vox, sino también JxCat y Coalición Canaria.

Veremos en que acaba este apoyo exclusivo a la enseñanza pública en los próximos días. El texto también insta a mejorar los derechos laborales de los docentes y a incrementar progresivamente los puestos escolares en la red de centros de titularidad pública para poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes.
La universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 en condiciones de equidad es otra de las medidas que contempla el borrador, además de un aumento de los profesionales especialistas en los centros con alumnado que presente necesidades especiales o dificultades de aprendizaje.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció ayer que pretende elevar al Consejo de Ministros en este mes de julio un nuevo proyecto de ley de Memoria Democrática, que reforma y amplía la norma impulsada por el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007, conocida como ley de Memoria Histórica.

La vicepresidenta, durante una visita al Palacio Real de Madrid con motivo de las medidas de prevención puestas en marcha por Patrimonio Nacional para reabrir con seguridad a las visitas los Reales Sitios, ha explicado que su idea es que el texto esté completado antes del mes de agosto, para poder pasar por Consejo de Ministros antes del parón de agosto, lo que significaría que en otoño podría comenzar su tramitación parlamentaria.

Calvo, que es ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha especificado que su departamento pretende que el Gobierno desembolse fondos públicos para las políticas de memoria, corrigiendo la actitud del ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy, del que recordó que “se jactó de decir que había cero euros para la memoria democrática”. La vicepresidenta ha querido recordar al PP que España “es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras, algunas personas muy mayores, esperando no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia”.

 

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