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España aumentará su presupuesto de defensa en un 30% para 2017 para pagar la deuda con la industria de las armas

La nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha confirmado en una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de defensa del Congreso que el Ministerio integrará los pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) en el presupuesto ordinario del departamento.

Los PEAs son 19 programas para el desarrollo y compra de grandes sistemas de armas, tales como la fragata F-100 o el submarino S-80 de Navantia, el tanque Leopard de Santa Bárbara Sistemas (propiedad de la estadounidense General Dynamics), o el avión A400M y los cazas Eurofighter de Airbus. El precio, oficialmente, 30.000 millones de euros. Según otros analistas, la cifra se eleva a los 37.000 millones.

Desde 2012, cuando se tuvo que hacer frente al principal montante de los pagos, Defensa ha sorteado los pagos mediante decretos ley aprobados a finales de julio por el Consejo de Ministros. Créditos extraordinarios que no debían ser refrendados por el Congreso y que elevaban de facto el gasto militar un 20% por encima de lo presupuestado. Pero el pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional sancionó esta manera de proceder del Gobierno, forzando a Mariano Rajoy a buscar una nueva fórmula de financiación.

En la reunión con los portavoces de los partidos en la comisión de Defensa, Cospedal ha confirmado que la deuda de los PEAs será incluida en la partida ordinaria del Ministerio, de tal manera que en 2017, los próximos presupuestos incluirán unos 2.100 millones extra en Defensa.

Los PEAs fueron contratados durante la primera legislatura de José María Aznar. Gracias a la ingeniería contable y arguyendo la investigación y desarrollo necesaria para producir los nuevos prototipos de armamento, fueron financiados con créditos I+D del Ministerio de Industria, que serían más tarde devueltos por Defensa. Así, pese a la inversión masiva en armas, el presupuesto de Defensa no se vería afectado en un primer momento.

A la entrega del armamento, Defensa debía pagar el monto restante a las empresas, así como devolver los créditos a Industria. Cuando los tanques y los cazas empezaron a llegar, en 2012, el contexto de recortes y reducción del déficit hizo simplemente imposible que el Ministerio hiciera frente a los pagos tal y como estaba previsto.

El entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, que antes de ser ministro fue empresario de armamento, consiguió renegociar los pagos y extenderlos a 2030. Es una incógnita si las empresas exigieron entonces al Estado intereses de demora.

Sobre esta deuda con las empresas de armas, los partidos de la oposición han señalado que debe producirse un debate para repensar cómo y cuándo afrontarla, pero sus portavoces han adelantado que no ven correcto un aumento del presupuesto de Defensa en un 30%.

Source: Informativo Más Voces

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